​Propone Paty Jiménez de 4 a 10 años de prisión por robo de equipamiento urbano

La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado presentó iniciativa para proponer la modificación del artículo 197 bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, con el propósito de sancionar el robo que se ejecute contra bienes de las instituciones y dependencias públicas estatales o municipales.

En muchas ocasiones se pone en riesgo la vida de la gente, declaró la legisladora

A fin de sancionar el robo de equipamiento y/o mobiliario urbano con una pena de cuatro a 10 años de prisión, la diputada Paty Jiménez Delgado presentó la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado porque en muchas ocasiones se pone en riesgo la vida de los ciudadanos.

Durante la sesión ordinaria, comentó que en los últimos años, de manera desafortunada y visible para todos se ha perjudicado el patrimonio municipal por la sustracción y destrucción de piezas de ornamento urbano, como ocurre con las esculturas metálicas y las estrellas que fueron colocadas en el paseo de la calle Constitución.

Explicó que la sanción aplica por la sustracción, apoderamiento, comercialización, detentación o posesión de cualquier objeto, parte, componente o material utilizado en la prestación de algún servicio público estatal o municipal como el alumbrado, agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, señalización vial o urbana o servicio de limpia, incluida cualquier alcantarilla o tapa de registro de alguno de los servicios referidos o cualquier clase de mobiliario o equipamiento urbano que comprende también monumentos, estatuas o placas conmemorativas y aparatos para la práctica deportiva.

“El robo de mobiliario urbano, es un acto antijurídico que, a diferencia de otros, pone en riesgo a la ciudadanía que circula por una calle en la que se ha sustraído alguna señal de alto, o que marque la orientación de la circulación vial y ni qué decir del peligro que representa la ausencia de una tapa de alcantarilla porque ha sido robada”, resaltó al realizar la ampliación de motivos.

La legisladora resaltó que el deterioro de un servicio público por el robo del equipamiento específico es un perjuicio que va contra la comunidad, porque esos servicios han sido implementados para alcanzar un bien común y la satisfacción de alguna necesidad de la ciudadanía.

Informó también que varias entidades federativas del país y tienen con una normativa semejante, como son los códigos penales de Puebla, Estado de México o el de Querétaro,