La reforma fortalece la autodeterminación, los sistemas normativos
y la protección del patrimonio cultural de los pueblos originarios.
El Congreso del Estado de Durango aprobó la minuta enviada por la Cámara de Senadores que modifica el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Esa reforma garantiza y protege los derechos de esos pueblos mediante la promoción de una nueva relación entre el Estado y las comunidades originarias.
El Poder Legislativo de Durango turnó la minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales, y fue sometida a un exhaustivo análisis. Las y los diputados que integran esa comisión destacaron que la iniciativa aborda temas prioritarios para los pueblos originarios, al tiempo que promueve el respeto y la inclusión de sus sistemas normativos, su autodeterminación y la protección de su patrimonio cultural, material e intelectual. Después, el dictamen fue sometido a votación y aprobado por la Septuagésima Legislatura.
Entre los puntos más relevantes del proyecto se destaca la necesidad de realizar una consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas antes de que el Estado tome cualquier decisión que afecte sus territorios y recursos. Ese mecanismo es esencial para garantizar que las decisiones que involucren a esos pueblos se tomen con pleno respeto a su autonomía.
Asimismo, la reforma reconoce y garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en el desarrollo de sus comunidades y promover su inclusión en todos los ámbitos de la vida comunitaria.
Otro de los puntos cruciales de la reforma es la atención adecuada a la niñez, adolescencia y juventud indígena, asegurar que reciban servicios y atención en sus propias lenguas para contribuir a preservar su identidad cultural y su pleno desarrollo.
Con la aprobación de esa reforma, el Congreso del Estado de Durango reafirma su compromiso con los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, con la promoción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la diversidad cultural.
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