El costo de titularse en México, y en particular en Durango, varía según se estudie en una universidad pública o en una privada. En el estado, las instituciones que ofrecen educación profesional pueden llegar a cobrar, por trámites de titulación, cantidades que varían entre los mil 200 hasta los 25 mil pesos, afirmó la diputada del PRI, Rocío Rebollo Mendoza.
Al presentar la iniciativa que pretende poner límites y regular los cobros por trámites de titulación, explicó que a la fecha no existe ningún ordenamiento legal que faculte o limite a las universidades a realizar ese procedimiento final en los estudios de los estudiantes duranguenses.
Incluso afirmó Rocío Rebollo que las propias instituciones por cuenta propia y sin fundamento legal, pero con el uso de vacíos legales pueden llegar a negar a los egresados la entrega de los documentos necesarios para que los mismos, por derecho propio, puedan realizar los trámites ante la autoridad educativa.
La propuesta legislativa del grupo garlamentario del PRI (GPPRI), encabezada por Rocío Rebollo, busca otorgar facilidades y opciones para que más mujeres y hombres puedan acreditar la culminación de sus estudios de educación superior, mediante la obtención de su título profesional, que es una necesidad para acceder a empleos mejor remunerados y dar la vuelta a los bajos índices de eficiencia terminal en este nivel educativo.
Señaló que en el país, y en el caso especísfico otra vez Durango, existe un alto índice de deserción motivado por dificultades económicas –hasta el 35 por ciento- que consideró necesario adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Durango y la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Durango.
Ante el nuevo mercado laboral que se avecina en la entidad, la legisladora priista subrayó que los jóvenes profesionistas deben estar preparados y titulados en todas las ramas profesionales, en las que sobresalen la medicina, tecnologías de la información, ciencia, ingeniería o matemáticas.
La iniciativa presentada ante el pleno del Congreso del Estado, prevé que la secretaría de Educación del Estado, en coordinación con las universidades públicas y privadas se encargue que elaborar un tabulador general que regule el cobro del título profesional.
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