En el marco de la sesión ordinaria de la LXX Legislatura del Congreso local, el diputado de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco Lira, presentó un firme pronunciamiento en respuesta a las recientes declaraciones de la Presidenta de la República en torno a una suspensión judicial relacionada con la reforma judicial. La mandataria afirmó: “Ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México, la reforma va”, lo que, según Vivanco, amerita un análisis profundo por sus implicaciones en todo el orden jurídico, tanto federal como local.
Vivanco subrayó que la declaración es alarmante no sólo por su contenido, sino porque atenta directamente contra la independencia judicial, una piedra angular de cualquier democracia. Explicó que la Presidenta se refirió a una suspensión emitida por una jueza que ordenaba al Poder Ejecutivo retirar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF). La Presidenta, basándose en el artículo 61 de la Ley de Amparo, argumenta que el amparo no es procedente contra reformas constitucionales.
El diputado Vivanco, al explicar el concepto de suspensión judicial, destacó que se trata de una medida cautelar cuyo objetivo es preservar la materia del juicio y evitar daños irreparables. "Es una orden del juez que busca proteger derechos fundamentales ante la posible inconstitucionalidad de un acto", detalló.
También comparó la situación con una clausura arbitraria de un negocio, argumentando que la suspensión es esencial para evitar daños irreversibles mientras se determina la legalidad del acto impugnado.
Asimismo, advirtió que la postura de la Presidenta afecta gravemente la
efectividad de las resoluciones judiciales.
"Cuando una figura de poder como la Presidenta cuestiona públicamente una suspensión judicial, mina la confianza en el Estado de Derecho y envía un mensaje preocupante: que el cumplimiento de las resoluciones judiciales depende de quien ostenta el poder", sostuvo Vivanco.
En su intervención, el legislador de Movimiento Ciudadano recordó el caso del amparo Camacho de 1996, el cual establece un precedente claro: las reformas constitucionales pueden ser impugnadas por vicios en su procedimiento. Señaló que esta lección histórica confirma que todos los actos parlamentarios, incluyendo las reformas constitucionales, están sujetos a revisión judicial cuando se violan los procedimientos legales establecidos.
Finalmente, Vivanco advirtió sobre las consecuencias económicas de esta postura autoritaria, especialmente en Durango, un estado en plena expansión de inversiones. "¿Qué pensarán los inversionistas cuando escuchan que las decisiones judiciales no se respetan en este país? La estabilidad jurídica es un factor clave para cualquier inversión, y estas declaraciones ponen en riesgo el clima de confianza que tanto necesita nuestro estado", concluyó.
El diputado hizo un llamado a todos los niveles de gobierno a respetar la independencia del Poder Judicial y a fortalecer el Estado de Derecho como base para el desarrollo económico y social del país.
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